Información sobre posibles reclamaciones
contra la administración por coronavirus covid 19

La calamitosa situación de pandemia que ha vivido este país en gran medida agravada, en muchos casos, por la mala gestión y falta de previsión gubernamental, que ha dado como resultado un abultadísimo número de fallecidos y contagiados, incluido personal sanitario que, debido a estar en primera fila y no haber podido contar con los medios de protección que la Administración estaba obligada a proporcionarles para la seguridad en su trabajo, deja entrever que habrá una avalancha de reclamaciones, demandas, denuncias y querellas contra el Gobierno central y el de las Comunidades Autónomas (la vía penal ya fue iniciada por multitud de damnificados), así como contra la Administración en general (fundamentalmente de carácter civil, contencioso-administrativo y laboral), que abarcará los siguientes frentes:

-Reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra la Administración Sanitaria, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, debido a la negligencia y desidia de no haber procurado los medios necesarios para cubrir las previsibles necesidades de los servicios médicos cuando ya existían indicadores, tanto a nivel internacional como estatal, de que existían grandes probabilidades de que iba a tener lugar una pandemia de Coronavirus Covid 19.

-Reclamaciones por los daños y perjuicios sufridos por los trabajadores por la falta de medidas de protección, en especial aquellos que estuvieron más expuestos al coronavirus, como los funcionarios y personal sanitarios, policías y militares, siendo indudable que ha tenido lugar una grave infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dadas las ausentes o deficientes medidas tanto de carácter organizativo como de protección.

-Reclamaciones, tanto a nivel civil como penal, por el fallecimiento de gran número de ancianos en las residencias como consecuencia de la situación de abandono y de peligro manifiesto y grave.

-Reclamaciones por los daños y perjuicios sufridos por pacientes que no han recibido la debida atención médica por parte de los Servicios Sanitarios, como por ejemplo altas indebidas, demoras de intervenciones urgentes, diagnósticos equivocados, etc, o que fallecieron debido a la puntual falta de medios, como fue el caso de los respiradores, o por no haber sido ingresados en una UCI, bien de la propia Comunidad, de otra diferente, o en un centro hospitalario privado.

-Reclamaciones ajenas al orden sanitario, tales como la devolución de lo pagado por billetes de avión cuando los vuelos fueron cancelados por la propia compañía, de lo abonado por cuotas de gimnasios, de academias y de otros centros que tuvieron que cerrar a consecuencia de la pandemia y consecuentemente no han podido prestar todo o parte del servicio o utilidad que se pagó.

-Recursos contra multas y sanciones por infracción de las medidas de confinamiento, dada la inseguridad y vacío jurídicos con que se ha elaborado el Real Decreto Ley sobre el Estado de Alarma.

Dado el caos y estado de confusión en que las desastrosas consecuencias de esta pandemia ha sumido a gran parte de la población, conviene ser prudentes a la hora de contratar a un profesional, dado que como ya ha alertado el propio Defensor del Paciente, la situación es propicia para «posibles fraudes o reclamaciones infundadas a raíz de la crisis del coronavirus y es el momento propicio para que aparezcan oportunistas en forma de grupos de afectados, plataformas o asociaciones creadas en estos días con la aparente finalidad de ayudar, cuando es posible que encierren motivos mercantilistas cuya intención sea aprovechar el momento de debilidad y hacer reclamar a quienes han sufrido una pérdida a pesar de no tener la mínima oportunidad de vencer en pleito».